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COTA MIL 6
El espejo chileno: un manual de supervivencia cívica para la reconstrucción de Venezuela
Iván González Viso
Un análisis sobre cómo la disciplina urbana, la rigidez normativa y la organización comunitaria de Chile ofrecen una hoja de ruta urgente para un territorio venezolano devastado y marcado por la improvisación constructiva.
Los chilenos suelen decir con orgullo —y una buena dosis de ironía— que ellos no se levantan de la cama por ningún sismo que baje de magnitud 7. Yo pensaba que era arrogancia, pero no lo es; es el resultado de una cultura sísmica arraigada en el tejido social. Tras el durísimo sismo que acabamos de sufrir en Venezuela, mirar hacia el espejo chileno puede resultar útil para todos como un manual de supervivencia urbana y ciudadana. Para un entorno como el venezolano, donde la vulnerabilidad constructiva se mezcla con la falta de preparación cotidiana, Chile nos deja varias lecciones cívicas fundamentales que vale la pena revisar.
La institucionalización de la calma desde la escuela.
En Chile existe el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), un instrumento de gestión y plan normativo obligatorio para fomentar la cultura de autocuidado, prevención y respuesta a emergencias, heredero de la antigua Operación DEYSE. Desde los tres años de edad, en edad parvularia, un niño chileno sabe exactamente qué hacer cuando la tierra se mueve: no corre, no grita, identifica las zonas de seguridad de su aula y evacúa en un orden ejemplar cuando el movimiento cesa. En Venezuela por el contrario nos han acostumbrado a los simulacros esporádicos y folclóricos de «el día del sismo» sin convertir la preparación en una materia obligatoria y evaluada en los planes de estudio de escuelas y universidades. En este sentido, en Chile la calma no es una reacción emocional azarosa; es un hábito que se entrena, pues la mezcla de ignorancia y el miedo en cualquier contexto solo puede acarrear lo peor.
La inviolabilidad de la norma y el control de los pares.
Chile modificó radicalmente su normativa de construcción tras el terremoto de Chillán en 1939, y la ha ido actualizando tras cada gran evento (como los de 1960 y 2010). Pero la verdadera lección cívica no es el papel de la ley, sino su cumplimiento absoluto. En Chile, la fiscalización de los proyectos es férrea, feroz y la responsabilidad legal de los calculistas y constructoras dura décadas. No se permiten «atajos» materiales ni modificaciones informales en las estructuras sin consecuencias penales severas. El último gran evento sismológico de Chile impactó la legalidad de la industria de la construcción, el reparto de responsabilidades en el sector, e impulso la reingeniería de las exigencias técnicas del Estado. Entre ellas se produjo el fin de la “inmunidad ejecutiva”, donde se ratificó que los dueños, administradores y representantes legales no pueden ahora eludir su responsabilidad individual y penal argumentando desconocimiento técnico de lo que ejecutan sus subcontratistas. Por otro lado, se reconfiguró la responsabilidad del calculista para responder penalmente por salvaguardar la vida humana. Desde el punto de vista estructural, se decretó la incorporación obligatoria de confinamiento de armaduras en los externos de los muros para evitar el pandeo, se normó el traslapo de acero bajo una estricta alternancia espacial, se reclasificaron los suelos con base en mediciones geofísicas obligatorias que condujeron a espectros de diseño más exigentes y se restringió el control del desplazamiento elástico y la asimetría en planta, entre otras normas. A su vez, se mantuvo vigente y se le otorgó más peso a la figura del revisor estructural externo, exigido en todo proyecto.
En nuestro caso, el Estado venezolano ha sido el primer actor en desconocer, menospreciar y dejar de lado el valor del conocimiento profesional y técnico, de la legalidad, las normas y la planificación. A los Colegios de Ingenieros y Arquitectos se les ha minimizado su importancia, peso y autoridad. Han desaparecido los mecanismos de auditoría ciudadana, fiscalización colegiada y gubernamental sobre los permisos de construcción y las remodelaciones comerciales o privadas, como mecanismo para romper con el abuso histórico de demoler paredes estructurales, sumar plantas adicionales no permisadas, anexos ilegales, construir sin responsabilidad profesional o construir casas y edificios en suelos no adecuados.
Redes comunitarias autogestionadas: el condominio como trinchera.
Durante el terremoto grado 8.8 de 2010 en Chile, los servicios básicos colapsaron por días. La energía liberada desplazó el eje de la tierra levemente acortando la duración de los días en una fracción de segundo, y grandes ciudades completas como Concepción se desplazaron 3 metros al oeste. Sin embargo, el saldo total fue de 521 fallecidos y 56 desaparecidos, mayormente por causa del tsunami que ocasionó, no por el colapso de estructuras como tal. En ese evento la respuesta no dependió únicamente del Estado, sino de la organización vecinal. Por ello la organización de las comunidades residenciales no se deja a la “buena voluntad” de los vecinos. Existe un marco legal estricto que trata a cada edificio de departamentos no como un simple grupo de viviendas, sino como una unidad operativa de seguridad, distribuyendo las responsabilidades legales sobre tres actores: la junta de condominio o el comité de administración, el administrador contratado y el personal de conserjería. Por ello los condominios y juntas de vecinos chilenos tienen comités de emergencia asignados de antemano por ley. De esta forma en caso de emergencia estos actores saben quién tiene herramientas, quién es médico o enfermero, dónde están las llaves maestras del agua y el gas, y cómo racionar los recursos de los tanques comunes. En Venezuela las juntas de condominio deben dar un vuelco operativo (ni hablar de los consejos comunales). Cada edificio debe mapear y hacer un censo de forma urgente a su población vulnerable (ancianos, personas con movilidad reducida) y establecer protocolos de comunicación analógica (silbatos, megáfonos) para cuando las redes celulares e internet dejen de funcionar.
El Prevencionista de riesgo y el diseño del plan de emergencia y evacuación.
En Chile existe la figura del Ingeniero de Prevención de Riesgos o el llamado “Prevencionista”. Una especialidad de la ingeniería que actúa para garantizar que, durante emergencias, o durante la construcción de obras civiles se cumplan protocolos de seguridad. Su presencia es obligatoria en toda obra estatal y civil según ciertos parámetros y normas técnicas oficiales. El Prevencionista es el encargado de redactar, actualizar y certificar el plan de emergencia para el inmueble, pues la ley exige de forma obligatoria que todo condominio cuente con un Plan de Emergencia ante Siniestros que cubra específicamente terremotos, incendios y tsunamis en zonas costeras. El documento debe contemplar de manera específica un catastro actualizado de la comunidad, identificando a personas con discapacidad, movilidad reducida, niños, ancianos y personas electrodependientes (cuyo soporte vital dependa de la energía eléctrica). Por otro lado, en la administración del edificio debe existir un archivo físico y digital permanente con los planos detallados del inmueble y con la ubicación exacta de las redes de servicios (gas, agua, electricidad). Exhibido en cada planta debe existir un plano donde se marquen las vías de evacuación y las zonas seguras.
La cadena de mando durante y después del sismo
Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, en Chile los roles operativos están preasignados para evitar el caos. Por cada edificio existe la figura de un administrador externo y un conserje que puede vivir puertas adentro o puertas afuera (es decir asistir al edificio diariamente). Apenas la primera sacudida, los conserjes ya conscientes del protocolo están entrenados para cortar preventivamente las llaves generales de gas del edificio, verificar los tableros eléctricos y abrir los portones vehiculares y peatonales de salida magnética que suelen bloquearse si se corta la luz. Por otro lado, el comité de administración asignado se encarga de revisar visualmente todas las áreas comunes de sus pisos, tocar las puertas de los vecinos de la tercera edad y confirmar que nadie este atrapado o intente usar los ascensores, o que haya sufrido algún accidente al interior del hogar y, en tal caso, reportarlo.
Los ascensores: certificación, sistema de bloqueo automático y ascensor de seguridad.
Bajo la normativa técnica chilena, la norma sobre ascensores demanda una revisión mensual certificada que esté a la vista de todos los vecinos, dentro de la cabina del ascensor, donde se vea la firma del técnico y la fecha de la última revisión técnica. La empresa de mantenimiento de los equipos debe estar certificada e inscrita en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ningún caso cualquier técnico puede hacerse responsable de reparar el equipo si no está certificado y capacitado, y tiene prueba de ello. En el caso de los edificios construidos más recientemente o actualizados, estos cuentan con sistemas sismorresistentes que incluyen interruptores o sensores sísmicos instalados en la sala de máquinas o en el ducto. Estos dispositivos monitorean continuamente las aceleraciones del terreno en tres ejes. Si el movimiento supera el umbral de seguridad configurado, el ascensor ejecuta un protocolo automático: viaja de inmediato al piso más cercano, abre sus puertas para liberar a los pasajeros y entra en un estado de bloqueo preventivo. Aunque la luz regrese rápido o el edificio parezca intacto visualmente, el equipo queda completamente deshabilitado y no responderá a los llamados de la botonera. A su vez, muchos edificios en altura se han actualizado con ascensores de emergencia con rieles reforzados, zapatas reforzadas, deflectores de cables, sistemas de control manual, conexión independiente a un generador eléctrico, detectores de onda primaria, componentes eléctricos resistentes al agua, pozos con muros resistentes al fuego de hasta dos horas y han sido presurizados. Ellos solo pueden ser operados en caso de emergencia por bomberos o equipos de seguridad. Cabe destacar que un ascensor habilitado para emergencias no busca facilitar la evacuación masiva e improvisada de los residentes, sino servir como una herramienta de penetración vertical segura para que los cuerpos de rescate puedan subir equipos pesados, combatir incendios post-sísmicos y evacuar de forma controlada a personas heridas o con movilidad reducida que se encuentren atrapadas en los niveles superiores.
El mantenimiento preventivo de la infraestructura y el seguro.
Un edificio no resiste un sismo solo por el comportamiento de su gente; necesita que sus sistemas de emergencia respondan. El Comité de Administración del edificio tiene la obligación legal de auditar periódicamente el «hardware» de seguridad: desde los generadores de respaldo que garantizan el funcionamiento de bombas de agua, el funcionamiento de al menos un ascensor de rescate, inspecciones certificadas mensuales de los técnicos de ascensores, prohibición absoluta de obstrucción de vías de escape y áreas comunes con plantas, bicicletas o muebles, y la obligatoriedad de contratación de seguros contra terremotos e incendio del inmueble para las áreas comunes del edificio. En Venezuela, no existe un censo oficial público y actualizado por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) que precise el número exacto de inmuebles asegurados frente a la totalidad del inventario constructivo del país. Sin embargo, las estimaciones históricas y los reportes de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) y de las principales firmas de corretaje de seguros dibujan una realidad crítica: se calcula que menos del 5% de los edificios residenciales en Venezuela cuentan con una póliza de seguro vigente con cobertura de terremoto. En el sector de viviendas unifamiliares o construcciones informales, la cifra es prácticamente del 0%. Esta falta de resguardo financiero obliga a que las familias afectadas deban traspasar toda la carga económica de la recuperación, directamente a sus ahorros individuales o a la asistencia (o desasistencia) del Estado.
La democratización de la información técnica.
El chileno en términos generales entiende los términos de ingeniería básicos y la importancia de saber qué hacer frente a un sismo. En la televisión y la prensa escrita (que todavía existe) no se habla con eufemismos; la población sabe distinguir entre un sismo de subducción y uno cortical, entiende qué es el epicentro y asimila los reportes del Centro Sismológico Nacional con madurez. Esto evita las olas de rumores falsos y la histeria colectiva en redes sociales. En otras palabras, hay una población medianamente educada que conoce los términos básicos. Por otro lado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) monitorea en cada región del país, cualquier actividad relacionada con sismos, monitoreos de volcanes, incendios forestales o estructurales, tormentas y eventos meteorológicos, accidentes en medios de transporte, cortes de energía y deslizamientos. A su vez pone a la disposición un mapa interactivo llamado VISOR Chile Preparado (https://www.senapred.cl/visor-chile-preparado/), que permite que cualquier persona conozca por medio de su ubicación, la exposición frente a tres de las amenazas de mayor connotación que afectan el territorio nacional: Volcánica, Incendios Forestales y Tsunami.
En Venezuela carecemos de información básica sobre nuestro grado de vulnerabilidad ante todo tipo de desastre. FUNVISIS, las universidades nacionales, las escuelas y los pocos medios de comunicación deben necesariamente liderar una campaña pedagógica masiva y continua. Explicar de forma sencilla qué es el «efecto de sitio» en Los Palos Grandes, por qué la falla de San Sebastián afecta al Litoral o por qué es importante entender la geología del territorio, ayuda a que la ciudadanía exija mejores infraestructuras y entienda el riesgo real del suelo que pisa, transformando el miedo paralizante en prevención activa. El concreto en Chile resiste porque las leyes se cumplen, pero la sociedad chilena sobrevive porque ha aprendido a incorporar el sismo como un habitante más de su territorio. La reconstrucción de nuestro paisaje urbano tras la catástrofe actual no será completa si solo levantamos estructuras; necesitamos, ante todo, refundar nuestra cultura cívica frente al riesgo geológico y repensar el territorio.
Finalmente, la reconstrucción que ahora inicia en el valle de Caracas, en las laderas del Litoral Central y en muchas zonas del país, no puede convertirse en un acto de amnesia colectiva disfrazado de parches y cemento fresco. El verdadero peligro tras la catástrofe no reside únicamente en la magnitud de las ondas producidas por la falla, sino en enfrentar la demolición de nuestras instituciones y dejar de lado la persistencia en tomar atajos para evitar cumplir las normas: la pared estructural demolida clandestinamente para ampliar un local comercial, la ordenanza que claudica ante la especulación inmobiliaria, el alcalde que sucumbe ante la matraca o el simulacro escolar reducido a un mero folclorismo burocrático.
El espejo chileno nos demuestra que la resiliencia no es un milagro de la ingeniería, sino un pacto social indivisible. Allá, el sismo se habita con disciplina; aquí, se padece con sorpresa. Si la respuesta a la tragedia actual se limita a levantar exactamente las mismas masas rígidas sobre los mismos abanicos aluviales, o las mismas zonas inestables ignorando la memoria de la montaña y la fatiga de nuestras plantas libres, solo estaremos construyendo poco a poco la escenografía del próximo desastre.
Nadie cuestiona nuestra destreza técnica para volver a mezclar hormigón, pero es necesario reflexionar sobre nuestra madurez ciudadana y política.
La pregunta que hoy flota sobre el polvo en suspensión del Litoral Central y de Los Palos Grandes es: ¿Podremos refundar una cultura cívica sólida que asuma, de forma honesta, la inevitable fragilidad de nuestro territorio o queremos seguir fingiendo una solidez urbana que el subsuelo desmiente en segundos?
¿Seremos capaces?
CONTACTO FAC 469
COTA MIL 5
El impacto del meteorito
Gonzalo Tovar Ordaz
Con frecuencia se menciona la migración como un fenómeno venezolano de los años recientes; sin embargo, tenemos como país una larga historia -de por lo menos un siglo- en esta materia y nuestra ocupación del territorio y la conformación de nuestras ciudades tiene mucho que ver con ese proceso. Sin quitar importancia a lo acontecido en estas últimas décadas, los venezolanos comenzamos a migrar desde hace un siglo, no pocos de nuestros abuelos y padres se desplazaron el siglo pasado por el país en búsqueda de trabajo, servicios públicos y, en general, oportunidades. Por ejemplo, mis padres nacieron en la Isla de Margarita y, antes de llegar a Caracas en los años 60s, mi madre vivió en Tucupita y los campos petroleros de San Tomé al sur de Anzoátegui; mi padre vivió, primero, en Paraguaná, y luego en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, antes de llegar a Caracas con la intención de estudiar en el Instituto Pedagógico.
Con la aparición protagónica del petróleo en nuestra historia, los venezolanos comenzamos a migrar, pasando de ser un país predominantemente rural a uno urbano. Si en 1920 el 96% de la población del país residía en el lugar de nacimiento[i], ya en esa misma década en la que el petróleo pasó a ser la primera fuente de ingreso nacional, esa proporción comenzó a cambiar de manera acelerada a través de la migración del campo a la ciudad. Medio siglo después, en 1970, aproximadamente el 75% de los jefes de familia que habitaban en ranchos en ciudades de más de 20 mil habitantes había nacido fuera de la localidad donde habitaban[ii].
Lo novedoso de las décadas recientes es la migración al exterior. Venezuela fue a lo largo del siglo XX un país atractor de población migrante, mientras en lo que va de este siglo nos convertimos en expulsores de población. ACNUR estima que 7,7 millones de habitantes abandonaron el país en el período 2014-2021, otras fuentes elevan esa cifra hasta alrededor de 9 millones de personas. Al interior del país también se produjo en años recientes una migración relevante, que algunos investigadores han estimado en 1,9 millones de habitantes[iii], siendo las entidades receptoras la región Capital, Portuguesa, Lara, Zulia y Nueva Esparta. Las principales motivaciones para esas migraciones internas son el empleo, la búsqueda de apoyo familiar y los servicios públicos.
De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, aproximadamente un tercio de los migrantes venezolanos al exterior estaría dispuesto a regresar al país en caso de un cambio político y/o una mejora económica, con la particularidad de que la disposición a regresar es inversamente proporcional al nivel educativo y a la condición socioeconómica del migrante, es decir, que mientras más pobres y menor calificación educativa de los encuestados, mayor es la disposición a regresar al país.
Las asimetrías en la deficitaria oferta de servicios públicos y oportunidades laborales entre las distintas regiones del país pueden hacer revivir los importantes flujos migratorios internos vividos entre 1920-1970. Problemas severos de disponibilidad de agua potable, como los observados recientemente en Sucre y Nueva Esparta, por ejemplo, pueden inducir desplazamientos internos de población. Los migrantes que eventualmente retornen del exterior probablemente se quedarán en aquellas zonas que concentran la oferta de servicios y oportunidades. Esa realidad posible a corto y mediano plazo hace relevante la pregunta siguiente: En un país con elevados déficits de información básica y pérdida de la cultura de planificación ¿se ha estimado el impacto que esta situación, la migración interna de la población atraída por los proyectos petroleros y el eventual retorno de 2,5 millones de migrantes, podría suponer sobre la vivienda y los servicios públicos?
Así como la industria petrolera generó en el siglo pasado nuevos centros poblados o convirtió caseríos en ciudades en pocos años, atrayendo trabajadores para sus proyectos e inyectando importantes recursos para la dotación de servicios y vivienda en esas ciudades, también atrajo migrantes por expectativas, muchos de los cuales no lograron incorporarse a la economía formal. Cuando se habla hoy de la reactivación de proyectos petroleros, es de prever que los mismos generarán, como en el pasado, expectativas que atraigan migrantes a su entorno, más en la realidad actual donde no abundan otras oportunidades.
En el pasado las universidades nacionales jugaron un rol importante en el análisis de esos procesos desde el punto de vista demográfico y urbanístico. Centros de investigación como el Instituto de Urbanismo de la UCV y el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB, entre otros, desarrollaron líneas de investigación sobre el impacto urbano de los grandes proyectos, la ordenación del territorio y la planificación urbana en general. Por ejemplo, en el IERU-USB, desde finales de los años 80s y hasta la primera década de este siglo se analizaron los posibles impactos urbanos de grandes proyectos de infraestructura o de petróleo y gas, como el Cristobal Colón, el complejo industrial de Jose, la faja petrolífera del Orinoco, la apertura petrolera o el desarrollo en el flanco Sur Andino. Sin embargo, hoy esos centros de investigación cuentan con recursos muy limitados para volver a realizar esa labor, llegando al extremo del IERU-USB, técnicamente cerrado desde la pandemia y con un entorno institucional notablemente degradado.
Hay quienes piensan que ante la gravedad de todo lo vivido en el país estas últimas décadas ya nos pasó todo lo malo que pudiese pasarnos, que el meteorito ya cayó. Hay quienes creen, en tono de conseja de autoayuda, que el país ya tocó fondo y el camino por venir, aunque cuesta arriba, solo es posible en el sentido de las mejoras como un destino ineludible, como cuando se decía el siglo pasado que Venezuela estaba “condenada al éxito”. Sin embargo, otro escenario posible es el del meteorito que aún no cae, ese escenario en el cual el deterioro vivido en los servicios públicos ha sido terrible, pero pudo haber sido peor (y podría serlo en el futuro), porque la salida de un tercio de la población del país y la destrucción del sector industrial disminuyó de manera importante la demanda sobre los deteriorados servicios públicos puntuales y de red. El retorno de una parte de esa población migrante, movimientos migratorios internos y la reactivación progresiva de la actividad económica supondrá una presión adicional sobre servicios básicos que hoy en día funcionan muy por debajo de sus niveles deseables y cuya recuperación seguramente llevará años, dado el grado de deterioro, por ejemplo, de los sistemas eléctrico y de aguas en el país, haciendo que las crisis de servicios de los años pasados sean aún peores en el futuro. Sin esperar grandes cambios, ya en algunas zonas del país, según se comenta en redes sociales, que la reactivación puntual y aún de pequeña escala de actividades petroleras está deteriorando aún más el servicio eléctrico o la disponibilidad de agua potable en zonas donde esos servicios ya presentaban grandes deficiencias.
Semanalmente se habla en medios de comunicación y redes sociales de nuevas inversiones, firma de acuerdos y contratos, pero en este país tutelado, huérfano de datos oficiales y planes urbanos actualizados, escaso de presupuestos públicos transparentes, con instituciones débiles y escasez de recursos para la magnitud de los retos por venir, desconectado de instituciones multilaterales y lastrados por deudas enormes, entre otras deficiencias ¿hay alguna institución estimando el impacto urbano de esos proyectos que se aprueban y esos acuerdos que se firman para, por lo menos, tener claro que es lo que deberíamos tener y no tenemos o cuál sería la mejor forma de afrontar los impactos urbanos que esos proyectos generarán?, o, por el contrario, solo se sacan cuentas de ingresos o pagos de deuda sin entender a la cabalidad las implicaciones de esos proyectos. ¿Habrá alguna institución, de esas que firman estos días acuerdos y contratos, preguntándose qué es lo que deberíamos hacer para que la situación no se haga peor de lo que ha sido en años recientes?
Reseña biográfica
Gonzalo Tovar Ordaz. Urbanista (USB) con postgrados en planificación y gestión urbana y en sistemas de información, ha sido consultor, investigador, profesor universitario y gerente en diversas empresas e instituciones en varios países desde 1990. Ha participado como consultor o coordinador en más de 200 proyectos y estudios relacionados con urbanismo y ordenación del territorio en más de 25 países de América, Asia, África y Europa. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Urbanistas y presidente de la firma TDR Urbanistas y asociados.
Fuente de la imagen
Imagen creada mediante IA en fecha 27/06/2026 mediante la herramienta Google Gémini usando el prompt: «barriada, petróleo, Venezuela».
[i] Suarez, María Matilde y Ricardo Torrealba. Las migraciones internas en Venezuela 1926-1971. Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe #28. Centro de documentación para el estudio de Latinoamérica. Junio, 1980. https://www.jstor.org/stable/25675057.
[ii] CORDIPLAN y ONU. La urbanización en Venezuela. Proyecto VEN-11. Caracas, 1971.
[iii] Alvarez C.M. y Luis Maldonado. Migración interna en Venezuela en busca de oportunidades antes y durante la crisis. Banco Interamericano de Desarrollo. 2024. https://doi.org/10.18235/0013084.
COTA MIL 4
La técnica de la inclusión
Ignacio A. Cardona
Transitar por Caracas siempre ha significado atravesar fragmentos. Fragmentos sociales, territoriales, económicos y simbólicos que conviven dentro del valle sin necesariamente encontrarse entre sí. Durante décadas, la ciudad produjo una extraordinaria diversidad urbana y cultural, pero también consolidó profundas desigualdades espaciales que limitaron la circulación de oportunidades entre ciudadanos. El problema de Caracas nunca fue únicamente la pobreza, ni siquiera la desigualdad. El problema ha sido, sobre todo, la desconexión.
En Meditación de la Técnica, José Ortega y Gasset propone una idea que hoy adquiere nueva vigencia: la técnica no debe entenderse simplemente como un conjunto de herramientas o máquinas, sino como el modo en que el ser humano transforma su circunstancia para ampliar sus oportunidades de producción, bienestar y vinculación social.¹ El ser humano, nos dice Ortega (así como, también Gasset), no se limita a adaptarse pasivamente al entorno; modifica el medio para ampliar sus posibilidades de existencia. La técnica, en ese sentido, no es únicamente eficiencia, es construcción de mundo.
Tal vez allí se encuentre una de las preguntas fundamentales para pensar la reconstrucción venezolana: ¿cuál es el rol del espacio urbano y de las nuevas tecnologías en la construcción de circunstancias capaces de generar oportunidades más inclusivas?
La crisis venezolana suele interpretarse exclusivamente desde la política o la economía. Sin embargo, también podría entenderse como una crisis de circunstancias. Una crisis en la capacidad de construir sistemas espaciales, institucionales y urbanos donde distintos sectores de la sociedad puedan encontrarse, cooperar y producir oportunidades compartidas.
La falta de conectividad urbana en Venezuela no comenzó en el siglo veintiuno. Caracas era una ciudad profundamente desigual antes del chavismo. Sin embargo, el proyecto revolucionario reinterpretó esa fractura desde una lógica binaria que terminó reforzando nuevas formas de exclusión. Paradójicamente, un movimiento que surgió denunciando la exclusión histórica del país terminó construyendo mecanismos políticos y simbólicos que dificultaron la conexión entre múltiples sectores de la sociedad. La inclusión partidista terminó funcionando, casi siempre, desde la exclusión del otro.
Esa lógica también encontró una traducción espacial. La polarización reorganizó los territorios, debilitó los espacios de encuentro y transformó la ciudad en una suma de fragmentos cada vez más desconectados entre sí. Pero el problema no es la existencia de fragmentos. Toda gran ciudad contemporánea es heterogénea. La diversidad urbana puede ser una extraordinaria fuente de creatividad, intercambio y producción cultural. El problema comienza cuando esos fragmentos dejan de conectarse mediante sistemas de movilidad, espacio público, intercambio económico o reconocimiento mutuo.
Como recuerda Donna J. Haraway, todo conocimiento es situado.² Podríamos extender esa intuición al campo urbano: toda política ocurre en el espacio. La exclusión no es únicamente una condición ideológica o institucional; también produce geografías, distancias y formas urbanas específicas. La ciudad no es un escenario neutral donde ocurre la vida colectiva. La ciudad organiza posibilidades de encuentro, intercambio y cooperación.
Por eso el espacio urbano puede encarar un rol profundamente democrático. No porque determine automáticamente las relaciones humanas, sino porque condiciona sus posibilidades de conexión. Una ciudad democrática no elimina diferencias; construye las condiciones para que esas diferencias puedan encontrarse y producir nuevas oportunidades compartidas.
En este sentido, las llamadas economías de aglomeración descritas por Ivan Turok permiten comprender cómo la proximidad espacial puede multiplicar capacidades sociales y económicas.³ Cuando múltiples actores logran conectarse dentro de redes urbanas densas, las oportunidades circulan con mayor facilidad: el conocimiento se comparte, la innovación emerge y nuevas formas de cooperación se vuelven posibles. El espacio deja entonces de ser solamente forma física para convertirse en infraestructura de oportunidades.
Allí la técnica adquiere una nueva dimensión.
Las tecnologías contemporáneas —particularmente la inteligencia artificial y los sistemas de información geográfica— poseen la capacidad de procesar relaciones complejas entre actores, territorios, movilidades y necesidades urbanas. Sin embargo, su valor democrático no reside en sustituir la decisión humana ni en automatizar la política, sino en ampliar nuestra capacidad de comprender la complejidad de la ciudad contemporánea.
Hélène Landemore propone, desde la idea de Democracia Abierta, que las sociedades democráticas deben expandir radicalmente sus capacidades de inclusión colectiva.⁴ Frente a modelos políticos cerrados o partidistas, Landemore plantea sistemas capaces de incorporar múltiples inteligencias, experiencias y necesidades dentro de los procesos de toma de decisiones. En este contexto, la inteligencia artificial podría facilitar nuevas formas de procesamiento colectivo de información urbana, permitiendo visualizar relaciones invisibles, identificar oportunidades de conexión y ampliar la inclusión territorial dentro de los procesos de reconstrucción urbana.
Durante mi investigación doctoral en la Harvard Graduate School of Design, estas preguntas comenzaron a explorarse mediante el concepto de Oportunidades Espaciales: una metodología apoyada en tecnologías de información geográfica orientada a maximizar conexiones urbanas minimizando inversiones territoriales.⁵ La premisa era relativamente simple: pequeñas intervenciones estratégicas pueden producir grandes transformaciones cuando logran conectar redes humanas previamente aisladas. Sin embargo, esas oportunidades no dependen únicamente de infraestructura o datos. También dependen del deseo de las personas de decidir libremente cómo, dónde y con quién conectarse.
Allí reside quizás el desafío más importante para la reconstrucción venezolana. La pregunta ya no es únicamente cómo reconstruir edificios, avenidas o servicios, sino cómo construir circunstancias urbanas capaces de facilitar conexiones más abiertas entre ciudadanos diversos. Una reconstrucción que no parta de la inclusión corre el riesgo de repetir las mismas lógicas de desconexión que hicieron fracasar los proyectos anteriores de modernización, desarrollo y promesa democrática.
En este sentido, la inteligencia artificial, las tecnologías espaciales y las formas abiertas de democracia no deberían entenderse como herramientas aisladas, sino como parte de una nueva técnica orientada a la construcción de circunstancias inclusivas. Una técnica capaz de ampliar conexiones, multiplicar oportunidades y facilitar formas más complejas de coexistencia urbana.
Tal vez allí resida hoy la vigencia más profunda de Ortega y Gasset. Comprender que toda sociedad termina definiéndose por las circunstancias que es capaz de construir para sí misma y para los otros.
Referencias
- José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica (Madrid: Revista de Occidente, 1939).
- Donna J. Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” Feminist Studies 14, no. 3 (1988): 575–99.
- Ivan Turok, “The Evolution of National Urban Policies: A Global Overview,” Urban Research & Practice 9, no. 1 (2016): 76–94.
- Hélène Landemore, Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century (Princeton: Princeton University Press, 2020).
- Ignacio Cardona, Spatial Opportunities for Self-Produced Environments (doctoral dissertation, Harvard University Graduate School of Design, 2021).
Reseña Biográfica
Ignacio Cardona es arquitecto, Doctor of Design por Harvard University y Associate Professor of Architecture en Wentworth Institute of Technology. Su trabajo explora la relación entre espacio urbano, democracia ecosistémica, tecnología e inclusión territorial. Es autor de la tesis Spatial Opportunities for Self-Produced Environments y desarrolla investigaciones sobre oportunidades espaciales, participación y reconstrucción urbana en América Latina.
Créditos de la Imagen
CARACAS: UNA Y MÚLTIPLE. Enrique Larrañaga. 1994.
Fundación Arquitectura y Ciudad 