El espejo chileno: un manual de supervivencia cívica para la reconstrucción de Venezuela

Iván González Viso

Un análisis sobre cómo la disciplina urbana, la rigidez normativa y la organización comunitaria de Chile ofrecen una hoja de ruta urgente para un territorio venezolano devastado y marcado por la improvisación constructiva.

Los chilenos suelen decir con orgullo —y una buena dosis de ironía— que ellos no se levantan de la cama por ningún sismo que baje de magnitud 7. Yo pensaba que era arrogancia, pero no lo es; es el resultado de una cultura sísmica arraigada en el tejido social. Tras el durísimo sismo que acabamos de sufrir en Venezuela, mirar hacia el espejo chileno puede resultar útil para todos como un manual de supervivencia urbana y ciudadana. Para un entorno como el venezolano, donde la vulnerabilidad constructiva se mezcla con la falta de preparación cotidiana, Chile nos deja varias lecciones cívicas fundamentales que vale la pena revisar.

La institucionalización de la calma desde la escuela.

En Chile existe el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), un instrumento de gestión y plan normativo obligatorio para fomentar la cultura de autocuidado, prevención y respuesta a emergencias, heredero de la antigua Operación DEYSE. Desde los tres años de edad, en edad parvularia, un niño chileno sabe exactamente qué hacer cuando la tierra se mueve: no corre, no grita, identifica las zonas de seguridad de su aula y evacúa en un orden ejemplar cuando el movimiento cesa. En Venezuela por el contrario nos han acostumbrado a los simulacros esporádicos y folclóricos de «el día del sismo» sin convertir la preparación en una materia obligatoria y evaluada en los planes de estudio de escuelas y universidades. En este sentido, en Chile la calma no es una reacción emocional azarosa; es un hábito que se entrena, pues la mezcla de ignorancia y el miedo en cualquier contexto solo puede acarrear lo peor.

La inviolabilidad de la norma y el control de los pares.

Chile modificó radicalmente su normativa de construcción tras el terremoto de Chillán en 1939, y la ha ido actualizando tras cada gran evento (como los de 1960 y 2010). Pero la verdadera lección cívica no es el papel de la ley, sino su cumplimiento absoluto. En Chile, la fiscalización de los proyectos es férrea, feroz y la responsabilidad legal de los calculistas y constructoras dura décadas. No se permiten «atajos» materiales ni modificaciones informales en las estructuras sin consecuencias penales severas. El último gran evento sismológico de Chile impactó la legalidad de la industria de la construcción, el reparto de responsabilidades en el sector, e impulso la reingeniería de las exigencias técnicas del Estado. Entre ellas se produjo el fin de la “inmunidad ejecutiva”, donde se ratificó que los dueños, administradores y representantes legales no pueden ahora eludir su responsabilidad individual y penal argumentando desconocimiento técnico de lo que ejecutan sus subcontratistas. Por otro lado, se reconfiguró la responsabilidad del calculista para responder penalmente por salvaguardar la vida humana. Desde el punto de vista estructural, se decretó la incorporación obligatoria de confinamiento de armaduras en los externos de los muros para evitar el pandeo, se normó el traslapo de acero bajo una estricta alternancia espacial, se reclasificaron los suelos con base en mediciones geofísicas obligatorias que condujeron a espectros de diseño más exigentes y se restringió el control del desplazamiento elástico y la asimetría en planta, entre otras normas. A su vez, se mantuvo vigente y se le otorgó más peso a la figura del revisor estructural externo, exigido en todo proyecto.

En nuestro caso, el Estado venezolano ha sido el primer actor en desconocer, menospreciar y dejar de lado el valor del conocimiento profesional y técnico, de la legalidad, las normas y la planificación. A los Colegios de Ingenieros y Arquitectos se les ha minimizado su importancia, peso y autoridad. Han desaparecido los mecanismos de auditoría ciudadana, fiscalización colegiada y gubernamental sobre los permisos de construcción y las remodelaciones comerciales o privadas, como mecanismo para romper con el abuso histórico de demoler paredes estructurales, sumar plantas adicionales no permisadas, anexos ilegales, construir sin responsabilidad profesional o construir casas y edificios en suelos no adecuados.

Redes comunitarias autogestionadas: el condominio como trinchera.

Durante el terremoto grado 8.8 de 2010 en Chile, los servicios básicos colapsaron por días. La energía liberada desplazó el eje de la tierra levemente acortando la duración de los días en una fracción de segundo, y grandes ciudades completas como Concepción se desplazaron 3 metros al oeste. Sin embargo, el saldo total fue de 521 fallecidos y 56 desaparecidos, mayormente por causa del tsunami que ocasionó, no por el colapso de estructuras como tal.  En ese evento la respuesta no dependió únicamente del Estado, sino de la organización vecinal. Por ello la organización de las comunidades residenciales no se deja a la “buena voluntad” de los vecinos. Existe un marco legal estricto que trata a cada edificio de departamentos no como un simple grupo de viviendas, sino como una unidad operativa de seguridad, distribuyendo las responsabilidades legales sobre tres actores: la junta de condominio o el comité de administración, el administrador contratado y el personal de conserjería. Por ello los condominios y juntas de vecinos chilenos tienen comités de emergencia asignados de antemano por ley.  De esta forma en caso de emergencia estos actores saben quién tiene herramientas, quién es médico o enfermero, dónde están las llaves maestras del agua y el gas, y cómo racionar los recursos de los tanques comunes. En Venezuela las juntas de condominio deben dar un vuelco operativo (ni hablar de los consejos comunales). Cada edificio debe mapear y hacer un censo de forma urgente a su población vulnerable (ancianos, personas con movilidad reducida) y establecer protocolos de comunicación analógica (silbatos, megáfonos) para cuando las redes celulares e internet dejen de funcionar.

El Prevencionista de riesgo y el diseño del plan de emergencia y evacuación.

En Chile existe la figura del Ingeniero de Prevención de Riesgos o el llamado “Prevencionista”. Una especialidad de la ingeniería que actúa para garantizar que, durante emergencias, o durante la construcción de obras civiles se cumplan protocolos de seguridad.  Su presencia es obligatoria en toda obra estatal y civil según ciertos parámetros y normas técnicas oficiales. El Prevencionista es el encargado de redactar, actualizar y certificar el plan de emergencia para el inmueble, pues la ley exige de forma obligatoria que todo condominio cuente con un Plan de Emergencia ante Siniestros que cubra específicamente terremotos, incendios y tsunamis en zonas costeras. El documento debe contemplar de manera específica un catastro actualizado de la comunidad, identificando a personas con discapacidad, movilidad reducida, niños, ancianos y personas electrodependientes (cuyo soporte vital dependa de la energía eléctrica). Por otro lado, en la administración del edificio debe existir un archivo físico y digital permanente con los planos detallados del inmueble y con la ubicación exacta de las redes de servicios (gas, agua, electricidad). Exhibido en cada planta debe existir un plano donde se marquen las vías de evacuación y las zonas seguras.

La cadena de mando durante y después del sismo

Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, en Chile los roles operativos están preasignados para evitar el caos. Por cada edificio existe la figura de un administrador externo y un conserje que puede vivir puertas adentro o puertas afuera (es decir asistir al edificio diariamente). Apenas la primera sacudida, los conserjes ya conscientes del protocolo están entrenados para cortar preventivamente las llaves generales de gas del edificio, verificar los tableros eléctricos y abrir los portones vehiculares y peatonales de salida magnética que suelen bloquearse si se corta la luz. Por otro lado, el comité de administración asignado se encarga de revisar visualmente todas las áreas comunes de sus pisos, tocar las puertas de los vecinos de la tercera edad y confirmar que nadie este atrapado o intente usar los ascensores, o que haya sufrido algún accidente al interior del hogar y, en tal caso, reportarlo.

Los ascensores: certificación, sistema de bloqueo automático y ascensor de seguridad.

Bajo la normativa técnica chilena, la norma sobre ascensores demanda una revisión mensual certificada que esté a la vista de todos los vecinos, dentro de la cabina del ascensor, donde se vea la firma del técnico y la fecha de la última revisión técnica. La empresa de mantenimiento de los equipos debe estar certificada e inscrita en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ningún caso cualquier técnico puede hacerse responsable de reparar el equipo si no está certificado y capacitado, y tiene prueba de ello. En el caso de los edificios construidos más recientemente o actualizados, estos cuentan con sistemas sismorresistentes que incluyen interruptores o sensores sísmicos instalados en la sala de máquinas o en el ducto. Estos dispositivos monitorean continuamente las aceleraciones del terreno en tres ejes. Si el movimiento supera el umbral de seguridad configurado, el ascensor ejecuta un protocolo automático: viaja de inmediato al piso más cercano, abre sus puertas para liberar a los pasajeros y entra en un estado de bloqueo preventivo. Aunque la luz regrese rápido o el edificio parezca intacto visualmente, el equipo queda completamente deshabilitado y no responderá a los llamados de la botonera. A su vez, muchos edificios en altura se han actualizado con ascensores de emergencia con rieles reforzados, zapatas reforzadas, deflectores de cables, sistemas de control manual, conexión independiente a un generador eléctrico, detectores de onda primaria, componentes eléctricos resistentes al agua, pozos con muros resistentes al fuego de hasta dos horas y han sido presurizados. Ellos solo pueden ser operados en caso de emergencia por bomberos o equipos de seguridad. Cabe destacar que un ascensor habilitado para emergencias no busca facilitar la evacuación masiva e improvisada de los residentes, sino servir como una herramienta de penetración vertical segura para que los cuerpos de rescate puedan subir equipos pesados, combatir incendios post-sísmicos y evacuar de forma controlada a personas heridas o con movilidad reducida que se encuentren atrapadas en los niveles superiores.

El mantenimiento preventivo de la infraestructura y el seguro.

Un edificio no resiste un sismo solo por el comportamiento de su gente; necesita que sus sistemas de emergencia respondan. El Comité de Administración del edificio tiene la obligación legal de auditar periódicamente el «hardware» de seguridad: desde los generadores de respaldo que garantizan el funcionamiento de bombas de agua, el funcionamiento de al menos un ascensor de rescate, inspecciones certificadas mensuales de los técnicos de ascensores, prohibición absoluta de obstrucción de vías de escape y áreas comunes con plantas, bicicletas o muebles, y la obligatoriedad de contratación de seguros contra terremotos e incendio del inmueble para las áreas comunes del edificio. En Venezuela, no existe un censo oficial público y actualizado por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) que precise el número exacto de inmuebles asegurados frente a la totalidad del inventario constructivo del país. Sin embargo, las estimaciones históricas y los reportes de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) y de las principales firmas de corretaje de seguros dibujan una realidad crítica: se calcula que menos del 5% de los edificios residenciales en Venezuela cuentan con una póliza de seguro vigente con cobertura de terremoto. En el sector de viviendas unifamiliares o construcciones informales, la cifra es prácticamente del 0%. Esta falta de resguardo financiero obliga a que las familias afectadas deban traspasar toda la carga económica de la recuperación, directamente a sus ahorros individuales o a la asistencia (o desasistencia) del Estado.

La democratización de la información técnica.

El chileno en términos generales entiende los términos de ingeniería básicos y la importancia de saber qué hacer frente a un sismo. En la televisión y la prensa escrita (que todavía existe) no se habla con eufemismos; la población sabe distinguir entre un sismo de subducción y uno cortical, entiende qué es el epicentro y asimila los reportes del Centro Sismológico Nacional con madurez. Esto evita las olas de rumores falsos y la histeria colectiva en redes sociales. En otras palabras, hay una población medianamente educada que conoce los términos básicos. Por otro lado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) monitorea en cada región del país, cualquier actividad relacionada con sismos, monitoreos de volcanes, incendios forestales o estructurales, tormentas y eventos meteorológicos, accidentes en medios de transporte, cortes de energía y deslizamientos.  A su vez pone a la disposición un mapa interactivo llamado VISOR Chile Preparado (https://www.senapred.cl/visor-chile-preparado/), que permite que cualquier persona conozca por medio de su ubicación, la exposición frente a tres de las amenazas de mayor connotación que afectan el territorio nacional: Volcánica, Incendios Forestales y Tsunami.

En Venezuela carecemos de información básica sobre nuestro grado de vulnerabilidad ante todo tipo de desastre. FUNVISIS, las universidades nacionales, las escuelas y los pocos medios de comunicación deben necesariamente liderar una campaña pedagógica masiva y continua. Explicar de forma sencilla qué es el «efecto de sitio» en Los Palos Grandes, por qué la falla de San Sebastián afecta al Litoral o por qué es importante entender la geología del territorio, ayuda a que la ciudadanía exija mejores infraestructuras y entienda el riesgo real del suelo que pisa, transformando el miedo paralizante en prevención activa. El concreto en Chile resiste porque las leyes se cumplen, pero la sociedad chilena sobrevive porque ha aprendido a incorporar el sismo como un habitante más de su territorio. La reconstrucción de nuestro paisaje urbano tras la catástrofe actual no será completa si solo levantamos estructuras; necesitamos, ante todo, refundar nuestra cultura cívica frente al riesgo geológico y repensar el territorio.

Finalmente, la reconstrucción que ahora inicia en el valle de Caracas, en las laderas del Litoral Central y en muchas zonas del país, no puede convertirse en un acto de amnesia colectiva disfrazado de parches y cemento fresco. El verdadero peligro tras la catástrofe no reside únicamente en la magnitud de las ondas producidas por la falla, sino en enfrentar la demolición de nuestras instituciones y dejar de lado la persistencia en tomar atajos para evitar cumplir las normas: la pared estructural demolida clandestinamente para ampliar un local comercial, la ordenanza que claudica ante la especulación inmobiliaria, el alcalde que sucumbe ante la matraca o el simulacro escolar reducido a un mero folclorismo burocrático.

El espejo chileno nos demuestra que la resiliencia no es un milagro de la ingeniería, sino un pacto social indivisible. Allá, el sismo se habita con disciplina; aquí, se padece con sorpresa. Si la respuesta a la tragedia actual se limita a levantar exactamente las mismas masas rígidas sobre los mismos abanicos aluviales, o las mismas zonas inestables ignorando la memoria de la montaña y la fatiga de nuestras plantas libres, solo estaremos construyendo poco a poco la escenografía del próximo desastre.

Nadie cuestiona nuestra destreza técnica para volver a mezclar hormigón, pero es necesario reflexionar sobre nuestra madurez ciudadana y política.

La pregunta que hoy flota sobre el polvo en suspensión del Litoral Central y de Los Palos Grandes es: ¿Podremos refundar una cultura cívica sólida que asuma, de forma honesta, la inevitable fragilidad de nuestro territorio o queremos seguir fingiendo una solidez urbana que el subsuelo desmiente en segundos?

¿Seremos capaces?