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El impacto del meteorito

Gonzalo Tovar Ordaz

Con frecuencia se menciona la migración como un fenómeno venezolano de los años recientes; sin embargo, tenemos como país una larga historia -de por lo menos un siglo- en esta materia y nuestra ocupación del territorio y la conformación de nuestras ciudades tiene mucho que ver con ese proceso. Sin quitar importancia a lo acontecido en estas últimas décadas, los venezolanos comenzamos a migrar desde hace un siglo, no pocos de nuestros abuelos y padres se desplazaron el siglo pasado por el país en búsqueda de trabajo, servicios públicos y, en general, oportunidades. Por ejemplo, mis padres nacieron en la Isla de Margarita y, antes de llegar a Caracas en los años 60s, mi madre vivió en Tucupita y los campos petroleros de San Tomé al sur de Anzoátegui; mi padre vivió, primero, en Paraguaná, y luego en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, antes de llegar a Caracas con la intención de estudiar en el Instituto Pedagógico.

Con la aparición protagónica del petróleo en nuestra historia, los venezolanos comenzamos a migrar, pasando de ser un país predominantemente rural a uno urbano. Si en 1920 el 96% de la población del país residía en el lugar de nacimiento[i], ya en esa misma década en la que el petróleo pasó a ser la primera fuente de ingreso nacional, esa proporción comenzó a cambiar de manera acelerada a través de la migración del campo a la ciudad. Medio siglo después, en 1970, aproximadamente el 75% de los jefes de familia que habitaban en ranchos en ciudades de más de 20 mil habitantes había nacido fuera de la localidad donde habitaban[ii].

Lo novedoso de las décadas recientes es la migración al exterior. Venezuela fue a lo largo del siglo XX un país atractor de población migrante, mientras en lo que va de este siglo nos convertimos en expulsores de población.  ACNUR estima que 7,7 millones de habitantes abandonaron el país en el período 2014-2021, otras fuentes elevan esa cifra hasta alrededor de 9 millones de personas.  Al interior del país también se produjo en años recientes una migración relevante, que algunos investigadores han estimado en 1,9 millones de habitantes[iii], siendo las entidades receptoras la región Capital, Portuguesa, Lara, Zulia y Nueva Esparta. Las principales motivaciones para esas migraciones internas son el empleo, la búsqueda de apoyo familiar y los servicios públicos.

De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, aproximadamente un tercio de los migrantes venezolanos al exterior estaría dispuesto a regresar al país en caso de un cambio político y/o una mejora económica, con la particularidad de que la disposición a regresar es inversamente proporcional al nivel educativo y a la condición socioeconómica del migrante, es decir, que mientras más pobres y menor calificación educativa de los encuestados, mayor es la disposición a regresar al país.

Las asimetrías en la deficitaria oferta de servicios públicos y oportunidades laborales entre las distintas regiones del país pueden hacer revivir los importantes flujos migratorios internos vividos entre 1920-1970. Problemas severos de disponibilidad de agua potable, como los observados recientemente en Sucre y Nueva Esparta, por ejemplo, pueden inducir desplazamientos internos de población. Los migrantes que eventualmente retornen del exterior probablemente se quedarán en aquellas zonas que concentran la oferta de servicios y oportunidades. Esa realidad posible a corto y mediano plazo hace relevante la pregunta siguiente: En un país con elevados déficits de información básica y pérdida de la cultura de planificación ¿se ha estimado el impacto que esta situación, la migración interna de la población atraída por los proyectos petroleros y el eventual retorno de 2,5 millones de migrantes, podría suponer sobre la vivienda y los servicios públicos?

Así como la industria petrolera generó en el siglo pasado nuevos centros poblados o convirtió caseríos en ciudades en pocos años, atrayendo trabajadores para sus proyectos e inyectando importantes recursos para la dotación de servicios y vivienda en esas ciudades, también atrajo migrantes por expectativas, muchos de los cuales no lograron incorporarse a la economía formal. Cuando se habla hoy de la reactivación de proyectos petroleros, es de prever que los mismos generarán, como en el pasado, expectativas que atraigan migrantes a su entorno, más en la realidad actual donde no abundan otras oportunidades.

En el pasado las universidades nacionales jugaron un rol importante en el análisis de esos procesos desde el punto de vista demográfico y urbanístico. Centros de investigación como el Instituto de Urbanismo de la UCV y el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB, entre otros, desarrollaron líneas de investigación sobre el impacto urbano de los grandes proyectos, la ordenación del territorio y la planificación urbana en general. Por ejemplo, en el IERU-USB, desde finales de los años 80s y hasta la primera década de este siglo se analizaron los posibles impactos urbanos de grandes proyectos de infraestructura o de petróleo y gas, como el Cristobal Colón, el complejo industrial de Jose, la faja petrolífera del Orinoco, la apertura petrolera o el desarrollo en el flanco Sur Andino. Sin embargo, hoy esos centros de investigación cuentan con recursos muy limitados para volver a realizar esa labor, llegando al extremo del IERU-USB, técnicamente cerrado desde la pandemia y con un entorno institucional notablemente degradado.

Hay quienes piensan que ante la gravedad de todo lo vivido en el país estas últimas décadas ya nos pasó todo lo malo que pudiese pasarnos, que el meteorito ya cayó. Hay quienes creen, en tono de conseja de autoayuda, que el país ya tocó fondo y el camino por venir, aunque cuesta arriba, solo es posible en el sentido de las mejoras como un destino ineludible, como cuando se decía el siglo pasado que Venezuela estaba “condenada al éxito”. Sin embargo, otro escenario posible es el del meteorito que aún no cae, ese escenario en el cual el deterioro vivido en los servicios públicos ha sido terrible, pero pudo haber sido peor (y podría serlo en el futuro), porque la salida de un tercio de la población del país y la destrucción del sector industrial disminuyó de manera importante la demanda sobre los deteriorados servicios públicos puntuales y de red. El retorno de una parte de esa población migrante, movimientos migratorios internos y la reactivación progresiva de la actividad económica supondrá una presión adicional sobre servicios básicos que hoy en día funcionan muy por debajo de sus niveles deseables y cuya recuperación seguramente llevará años, dado el grado de deterioro, por ejemplo, de los sistemas eléctrico y de aguas en el país, haciendo que las crisis de servicios de los años pasados sean aún peores en el futuro. Sin esperar grandes cambios, ya en algunas zonas del país, según se comenta en redes sociales, que la reactivación puntual y aún de pequeña escala de actividades petroleras está deteriorando aún más el servicio eléctrico o la disponibilidad de agua potable en zonas donde esos servicios ya presentaban grandes deficiencias.

Semanalmente se habla en medios de comunicación y redes sociales de nuevas inversiones, firma de acuerdos y contratos, pero en este país tutelado, huérfano de datos oficiales y planes urbanos actualizados, escaso de presupuestos públicos transparentes, con instituciones débiles y escasez de recursos para la magnitud de los retos por venir, desconectado de instituciones multilaterales y lastrados por deudas enormes, entre otras deficiencias ¿hay alguna institución estimando el impacto urbano de esos proyectos que se aprueban y esos acuerdos que se firman para, por lo menos, tener claro que es lo que deberíamos tener y no tenemos o cuál sería la mejor forma de afrontar los impactos urbanos que esos proyectos generarán?, o, por el contrario, solo se sacan cuentas de ingresos o pagos de deuda sin entender a la cabalidad las implicaciones de esos proyectos. ¿Habrá alguna institución, de esas que firman estos días acuerdos y contratos, preguntándose qué es lo que deberíamos hacer para que la situación no se haga peor de lo que ha sido en años recientes?

Reseña biográfica

Gonzalo Tovar Ordaz. Urbanista (USB) con postgrados en planificación y gestión urbana y en sistemas de información, ha sido consultor, investigador, profesor universitario y gerente en diversas empresas e instituciones en varios países desde 1990. Ha participado como consultor o coordinador en más de 200 proyectos y estudios relacionados con urbanismo y ordenación del territorio en más de 25 países de América, Asia, África y Europa. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Urbanistas y presidente de la firma TDR Urbanistas y asociados.

Fuente de la imagen

Imagen creada mediante IA en fecha 27/06/2026 mediante la herramienta Google Gémini usando el prompt: «barriada, petróleo, Venezuela».

[i] Suarez, María Matilde y Ricardo Torrealba. Las migraciones internas en Venezuela 1926-1971. Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe #28. Centro de documentación para el estudio de Latinoamérica. Junio, 1980. https://www.jstor.org/stable/25675057.

[ii] CORDIPLAN y ONU. La urbanización en Venezuela. Proyecto VEN-11. Caracas, 1971.

[iii] Alvarez C.M. y Luis Maldonado. Migración interna en Venezuela en busca de oportunidades antes y durante la crisis. Banco Interamericano de Desarrollo. 2024. https://doi.org/10.18235/0013084.

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Por Gonzalo Tovar Ordaz

“Como vaya viniendo, vamos viendo”

Eudomar Santos, personaje de telenovela del siglo XX, devenido en filósofo popular e ideólogo de la gestión pública

Desde los eventos del pasado mes de enero, no hay día en que en las noticias no se hable de cambios en el modelo económico, así como de la necesidad de grandes inversiones para recuperar la infraestructura del país, tanto en lo institucional como en la operación propiamente dicha de las mismas. Se utilizan palabras que van desde la simple mejora para paliar problemas puntuales o para posibilitar el esperado crecimiento económico en algunos sectores, hasta la necesidad de reconstruir como un todo, dando por hecho el profundo deterioro de aquellos elementos y sistemas que hacen posible la producción, el comercio o simplemente la vida cotidiana.

En el contexto mencionado, no pocos economistas se han apurado a plantear escenarios sobre diversas materias, comenzando por la producción y los ingresos petroleros, y aunque no han llegado a ponerse de acuerdo en una cifra, casi todos han dicho que ese aumento de producción solo será posible si se hacen inversiones en el sistema eléctrico, así como en la formación de personal técnico. Algunos de esos economistas han añadido la necesidad de contar con vías de comunicación en buen estado y algunos, más atrevidos, han asomado la necesidad de mejorar los servicios públicos en las ciudades cercanas a los centros de producción petrolera, que podrían recibir impactos derivados de dicho incremento de la actividad e incluso de la migración interna de población.

Sabemos que Venezuela es desde hace más de medio siglo un país fundamentalmente urbano, como concepto, y tenemos una noción, por experiencia, de cómo se configuran los servicios públicos y de infraestructura que hacen posible el funcionamiento de esas ciudades; sin embargo, tanto para esa visión general, como para el conocimiento específico que permita orientar inversiones, adolecemos de información básica y oficial, comenzando por no conocer, ni siquiera, el tamaño real de la población del país y su distribución en el territorio.

El último censo nacional de población publicado se elaboró en 2011, antes de los mayores movimientos migratorios observados en nuestro país en toda su historia republicana. La página web del Instituto Nacional de Estadística INE anuncia en marzo de 2026 que la población total del país es de poco más de 34 millones de habitantes, pero aclara que eso es una proyección al año 2024 de los datos del censo del año 2011; es decir, es el dato resultante de proyectar con base en tendencias y comportamientos históricos, previos a 2011, los datos resultantes de ese censo de hace 15 años y, por supuesto, sin considerar que según la Agencia Mundial de las Migraciones casi 1 de cada 3 venezolanos salió del país en los últimos 15 años. Si se solicita ante dicha institución dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Planificación la desagregación de dicha información por estados o municipios, como lo hice hace algunos meses, se reciben los viejos CDs que fueron producidos hace más de 13 años, con las proyecciones de población elaboradas a partir del censo del 2011. La última publicación de la fuerza de trabajo del INE data de hace más de 3 años y sus cifras resultan poco creíbles, ya que parece que fueron hechas para calzar con la proyección de población ya comentada, hecha antes de la migración masiva de venezolanos.

Lo mismo ocurre en casi todos los ámbitos. Hace ya 10 años que dejaron de publicarse los boletines epidemiológicos y no hay información detallada sobre la capacidad real de nuestros hospitales. No sabemos con certeza cuántos estudiantes hay efectivamente en el país, o cuántos empleados públicos o cuántos pensionados o cuál es el estado real de nuestras carreteras o de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Apenas hace una semana el BCV publicó una tasa de inflación luego de dos años de silencio institucional. Cuando queremos describir la situación casi todos coincidimos al decir que “está mal” e incluso es bastante frecuente escuchar que “seguramente estará peor de lo que uno se imagina cuando se pueda entrar a esas instituciones y conocer realmente cual es la situación”, pero más allá de la desesperanza cualitativa, en muchas materias vitales no existe un dato oficial que describa la situación real.

Al igual que muchas familias venezolanas se acostumbraron a cruzar la crisis en modo sobrevivencia, viviendo un día a la vez, sin poder tener una visión del futuro y sin poder planificar, más allá del cómo resolver la comida del día o del plan de irse a otro país, el Estado de la república de Eudomar Santos también se acostumbró en estas últimas décadas a trabajar sobre la marcha, sin presupuestos reales, sin información pública y oficial y, peor, en muchos casos, confundiendo la información estadística con la propaganda de gestión, lo que da lugar a cifras sin sustento que retan al sentido común. Así, por ejemplo, a finales del 2025 se anunciaba con bombos y platillos la entrega de la vivienda 5,3 millones construida por el Estado en los últimos 20 años, cifra que de ser cierta significaría que casi 4 de cada 5 venezolanos viven hoy en casas construidas por la Misión Vivienda, lo cual no hay que elaborar mucho para saber que no se corresponde con la realidad.

Diversas instituciones y grupos de trabajo han tratado de cubrir el déficit de información oficial en estos años, trabajos como la encuesta ENCOVI son prueba de ello. No pocos investigadores se las ingenian haciendo supuestos, elucubraciones y reglas de tres, a veces con connotaciones esotéricas, para intentar describir una realidad respecto de la cual todos tenemos una percepción, pero pocas certezas medibles, ante la ausencia de datos oficiales.

El recordado profesor Víctor Fossi nos decía a sus alumnos hace ya casi 4 décadas que en momentos de crisis extremas (y qué duda cabe que llevamos años en una de ellas) era difícil equivocarse estableciendo las prioridades, porque todo hace falta; pero también nos decía que se planificaba para dar el mejor uso posible a recursos que eran escasos y qué duda cabe, también, que los recursos de los que dispondrá el país pueden ser muy importantes, pero siempre insuficientes para el tamaño y la diversidad de los problemas a enfrentar.

Mucho se habla en estos días de la reinstitucionalización del país. Parte importante de esa tarea consiste en contar con información pública, oficial y creíble, que sirva de sustento a la toma de decisiones de corto plazo y permita planificar con criterio técnico para dar el mejor uso posible a los recursos disponibles y por llegar.

Mucho se habla en estos días que un cambio de modelo económico y de ambiente político puede motivar el regreso de una parte de los venezolanos que hoy viven en otros países y también puede atraer importantes inversiones y generar nuevas oportunidades para el mejoramiento de la calidad de los venezolanos. Pero esa mejora solo será posible si se cuenta con la información necesaria para planificar, tomar decisiones y evaluar los resultados que se obtengan.

Quienes hablan hoy de la reconstrucción de la infraestructura de nuestras ciudades como requisito para los nuevos proyectos que impulsarán la economía y como sustento de una mejora en la calidad de vida tienen razón al señalar esa necesidad. Pero la necesidad es aún mayor, porque, luego de años de secretismo institucional, abandono de la generación de data histórica y campañas de propaganda orientada a maquillar la realidad, nos toca comenzar por el principio, generar información pública, creíble y coherente que permita planificar y actuar de manera ordenada. Por el contrario, hacerlo apagando incendios en base a intuiciones, sin conocimiento real de dónde estamos, sin poder tener algunas certezas hacia el futuro y sin coherencia entre distintos actores por no haber un diagnóstico socialmente aceptado, solo prolongará la crisis, mantendrá las vulnerabilidades y hará de esta otra oportunidad perdida. Nos toca comenzar por el principio.

Gonzalo Tovar Ordaz. Urbanista (USB) con postgrados en planificación y gestión urbana y en sistemas de información, ha sido consultor, investigador, profesor universitario y gerente en diversas empresas e instituciones desde 1990. Ha participado como consultor o coordinador en más de 200 proyectos y estudios relacionados con urbanismo en más de 25 países de América, Asia, África y Europa. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Urbanistas y presidente de la firma TDR Urbanistas y asociados.