El impacto del meteorito
Gonzalo Tovar Ordaz
Con frecuencia se menciona la migración como un fenómeno venezolano de los años recientes; sin embargo, tenemos como país una larga historia -de por lo menos un siglo- en esta materia y nuestra ocupación del territorio y la conformación de nuestras ciudades tiene mucho que ver con ese proceso. Sin quitar importancia a lo acontecido en estas últimas décadas, los venezolanos comenzamos a migrar desde hace un siglo, no pocos de nuestros abuelos y padres se desplazaron el siglo pasado por el país en búsqueda de trabajo, servicios públicos y, en general, oportunidades. Por ejemplo, mis padres nacieron en la Isla de Margarita y, antes de llegar a Caracas en los años 60s, mi madre vivió en Tucupita y los campos petroleros de San Tomé al sur de Anzoátegui; mi padre vivió, primero, en Paraguaná, y luego en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, antes de llegar a Caracas con la intención de estudiar en el Instituto Pedagógico.
Con la aparición protagónica del petróleo en nuestra historia, los venezolanos comenzamos a migrar, pasando de ser un país predominantemente rural a uno urbano. Si en 1920 el 96% de la población del país residía en el lugar de nacimiento[i], ya en esa misma década en la que el petróleo pasó a ser la primera fuente de ingreso nacional, esa proporción comenzó a cambiar de manera acelerada a través de la migración del campo a la ciudad. Medio siglo después, en 1970, aproximadamente el 75% de los jefes de familia que habitaban en ranchos en ciudades de más de 20 mil habitantes había nacido fuera de la localidad donde habitaban[ii].
Lo novedoso de las décadas recientes es la migración al exterior. Venezuela fue a lo largo del siglo XX un país atractor de población migrante, mientras en lo que va de este siglo nos convertimos en expulsores de población. ACNUR estima que 7,7 millones de habitantes abandonaron el país en el período 2014-2021, otras fuentes elevan esa cifra hasta alrededor de 9 millones de personas. Al interior del país también se produjo en años recientes una migración relevante, que algunos investigadores han estimado en 1,9 millones de habitantes[iii], siendo las entidades receptoras la región Capital, Portuguesa, Lara, Zulia y Nueva Esparta. Las principales motivaciones para esas migraciones internas son el empleo, la búsqueda de apoyo familiar y los servicios públicos.
De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, aproximadamente un tercio de los migrantes venezolanos al exterior estaría dispuesto a regresar al país en caso de un cambio político y/o una mejora económica, con la particularidad de que la disposición a regresar es inversamente proporcional al nivel educativo y a la condición socioeconómica del migrante, es decir, que mientras más pobres y menor calificación educativa de los encuestados, mayor es la disposición a regresar al país.
Las asimetrías en la deficitaria oferta de servicios públicos y oportunidades laborales entre las distintas regiones del país pueden hacer revivir los importantes flujos migratorios internos vividos entre 1920-1970. Problemas severos de disponibilidad de agua potable, como los observados recientemente en Sucre y Nueva Esparta, por ejemplo, pueden inducir desplazamientos internos de población. Los migrantes que eventualmente retornen del exterior probablemente se quedarán en aquellas zonas que concentran la oferta de servicios y oportunidades. Esa realidad posible a corto y mediano plazo hace relevante la pregunta siguiente: En un país con elevados déficits de información básica y pérdida de la cultura de planificación ¿se ha estimado el impacto que esta situación, la migración interna de la población atraída por los proyectos petroleros y el eventual retorno de 2,5 millones de migrantes, podría suponer sobre la vivienda y los servicios públicos?
Así como la industria petrolera generó en el siglo pasado nuevos centros poblados o convirtió caseríos en ciudades en pocos años, atrayendo trabajadores para sus proyectos e inyectando importantes recursos para la dotación de servicios y vivienda en esas ciudades, también atrajo migrantes por expectativas, muchos de los cuales no lograron incorporarse a la economía formal. Cuando se habla hoy de la reactivación de proyectos petroleros, es de prever que los mismos generarán, como en el pasado, expectativas que atraigan migrantes a su entorno, más en la realidad actual donde no abundan otras oportunidades.
En el pasado las universidades nacionales jugaron un rol importante en el análisis de esos procesos desde el punto de vista demográfico y urbanístico. Centros de investigación como el Instituto de Urbanismo de la UCV y el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB, entre otros, desarrollaron líneas de investigación sobre el impacto urbano de los grandes proyectos, la ordenación del territorio y la planificación urbana en general. Por ejemplo, en el IERU-USB, desde finales de los años 80s y hasta la primera década de este siglo se analizaron los posibles impactos urbanos de grandes proyectos de infraestructura o de petróleo y gas, como el Cristobal Colón, el complejo industrial de Jose, la faja petrolífera del Orinoco, la apertura petrolera o el desarrollo en el flanco Sur Andino. Sin embargo, hoy esos centros de investigación cuentan con recursos muy limitados para volver a realizar esa labor, llegando al extremo del IERU-USB, técnicamente cerrado desde la pandemia y con un entorno institucional notablemente degradado.
Hay quienes piensan que ante la gravedad de todo lo vivido en el país estas últimas décadas ya nos pasó todo lo malo que pudiese pasarnos, que el meteorito ya cayó. Hay quienes creen, en tono de conseja de autoayuda, que el país ya tocó fondo y el camino por venir, aunque cuesta arriba, solo es posible en el sentido de las mejoras como un destino ineludible, como cuando se decía el siglo pasado que Venezuela estaba “condenada al éxito”. Sin embargo, otro escenario posible es el del meteorito que aún no cae, ese escenario en el cual el deterioro vivido en los servicios públicos ha sido terrible, pero pudo haber sido peor (y podría serlo en el futuro), porque la salida de un tercio de la población del país y la destrucción del sector industrial disminuyó de manera importante la demanda sobre los deteriorados servicios públicos puntuales y de red. El retorno de una parte de esa población migrante, movimientos migratorios internos y la reactivación progresiva de la actividad económica supondrá una presión adicional sobre servicios básicos que hoy en día funcionan muy por debajo de sus niveles deseables y cuya recuperación seguramente llevará años, dado el grado de deterioro, por ejemplo, de los sistemas eléctrico y de aguas en el país, haciendo que las crisis de servicios de los años pasados sean aún peores en el futuro. Sin esperar grandes cambios, ya en algunas zonas del país, según se comenta en redes sociales, que la reactivación puntual y aún de pequeña escala de actividades petroleras está deteriorando aún más el servicio eléctrico o la disponibilidad de agua potable en zonas donde esos servicios ya presentaban grandes deficiencias.
Semanalmente se habla en medios de comunicación y redes sociales de nuevas inversiones, firma de acuerdos y contratos, pero en este país tutelado, huérfano de datos oficiales y planes urbanos actualizados, escaso de presupuestos públicos transparentes, con instituciones débiles y escasez de recursos para la magnitud de los retos por venir, desconectado de instituciones multilaterales y lastrados por deudas enormes, entre otras deficiencias ¿hay alguna institución estimando el impacto urbano de esos proyectos que se aprueban y esos acuerdos que se firman para, por lo menos, tener claro que es lo que deberíamos tener y no tenemos o cuál sería la mejor forma de afrontar los impactos urbanos que esos proyectos generarán?, o, por el contrario, solo se sacan cuentas de ingresos o pagos de deuda sin entender a la cabalidad las implicaciones de esos proyectos. ¿Habrá alguna institución, de esas que firman estos días acuerdos y contratos, preguntándose qué es lo que deberíamos hacer para que la situación no se haga peor de lo que ha sido en años recientes?
Reseña biográfica
Gonzalo Tovar Ordaz. Urbanista (USB) con postgrados en planificación y gestión urbana y en sistemas de información, ha sido consultor, investigador, profesor universitario y gerente en diversas empresas e instituciones en varios países desde 1990. Ha participado como consultor o coordinador en más de 200 proyectos y estudios relacionados con urbanismo y ordenación del territorio en más de 25 países de América, Asia, África y Europa. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Urbanistas y presidente de la firma TDR Urbanistas y asociados.
Fuente de la imagen
Imagen creada mediante IA en fecha 27/06/2026 mediante la herramienta Google Gémini usando el prompt: «barriada, petróleo, Venezuela».
[i] Suarez, María Matilde y Ricardo Torrealba. Las migraciones internas en Venezuela 1926-1971. Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe #28. Centro de documentación para el estudio de Latinoamérica. Junio, 1980. https://www.jstor.org/stable/25675057.
[ii] CORDIPLAN y ONU. La urbanización en Venezuela. Proyecto VEN-11. Caracas, 1971.
[iii] Alvarez C.M. y Luis Maldonado. Migración interna en Venezuela en busca de oportunidades antes y durante la crisis. Banco Interamericano de Desarrollo. 2024. https://doi.org/10.18235/0013084.
Fundación Arquitectura y Ciudad 