Robben Island, el siniestro recinto carcelario donde Nelson Mandela y muchos otros luchadores sudafricanos contra el apartheid pagaron largas penas y sufrieron toda clase de torturas y maltratos, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999, ordenando en consecuencia su preservación integral. Tal decisión se fundamentó en el hecho de que sus edificios, además de dar testimonio elocuente de su sombría historia, simbolizan el triunfo del espíritu humano, de la libertad y de la democracia sobre la opresión.

Entre nosotros el Helicoide de la Roca Tarpeya, celebrado mundialmente en la década de 1950 como obra arquitectónica de vanguardia, terminó, con el sedicente Socialismo del siglo XXI, convertido en tétrica prisión para disidentes políticos, testigo de los abusos más horrendos e incluso de muertes bajo custodia. Pero ahora, sorpresivamente, las autoridades de turno, que en más de un cuarto de siglo de dominio apenas han construido algún hospital y quizá ninguna escuela, ordenan su acelerada remodelación para transformarlo en “centro cultural y recreativo”. 

Por supuesto, no hay que ser muy sagaz para entender que lo que está por detrás de tanto entusiasmo es, en realidad, la necesidad perentoria de borrar las huellas del delito: quienes controlan hoy las palancas del poder son exactamente los mismos que decidieron convertir en lugar de todos los horrores, de la aplicación de los métodos más viles para acallar las voces de la disidencia, al esqueleto del edificio que no llegó a ser.

En Argentina, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), otro teatro del horror, quiso ser demolida en 1999 por orden del presidente Carlos Menem para crear “un monumento para la reconciliación y la unión nacional”, pero madres y familiares de las víctimas lo impidieron recurriendo a amparos judiciales; en 2004 fue declarada monumento nacional y en 2023, por las mismas razones que Robben Island, la UNESCO la incorporó al Patrimonio Mundial como Museo y Sitio de la Memoria.

Al igual que en Sudáfrica y Argentina, el Helicoide no es el único lugar donde el venezolano de estos oscuros años ha sido torturado y humillado hasta los extremos más inverosímiles, pero es, sin duda, el más emblemático. Preservarlo servirá no sólo para custodiar las pruebas de los graves delitos cometidos; como museo de la memoria servirá también de advertencia a las futuras generaciones sobre las consecuencias que comporta el abandono de los principios más básicos de la democracia. Por ello quienes suscribimos, exdecanos y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, exhortamos a las universidades y a las instituciones de la sociedad civil a movilizarse para impedir la manipulación de un testimonio histórico de alto valor, alertando a la vez a los colegas para que no se dejen involucrar en una operación que conspira contra las aspiraciones de reconciliación entre los venezolanos: ella debe basarse en la reconstrucción rigurosa de los hechos y la identificación de los responsables, jamás en un olvido que nunca será capaz de aplacar el comprensible resentimiento de las víctimas y sus allegados.

Arq.  Guillermo Barrios, Decano 2008-2014

Arq. Azier Calvo, Decano 2002-2008

Arq. Alfredo Cilento, Decano 1984-1987

Arq. Américo Faillace, Decano 1975-1978

Arq. Gustavo Izaguirre, Decano 2014-2023

Arq. Marco Negrón, Decano 1990-1996

Arq. María Isabel Peña, Directora IU 2006-2014

Arq. Leopoldo Provenzali, profesor EACRV, Presidente IPC 1999

Arq. Álvaro Rodríguez Muir, Director EACRV 1987-1990

Arq. Henrique Vera, Director EACRV 1984-1987

En Caracas, a los 28 días del mes de febrero de 2026

Esta declaración fue sometida por el Decano a la consideración del Consejo de Facultad de la FAU UCV en su sesión del 3 de marzo de 2026, el cual, por unanimidad, acordó respaldarla. Posteriormente, el Rector la sometió a la consideración del Consejo Universitario en su sesión del 4 de marzo de 2026, el cual también acordó respaldarla con el voto negativo del Lic. Ciro León, representante del MPPES.